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Sostenedores y apoderados reiteran llamado al Gobierno para extender los plazos de Ley de Inclusión por dos años
REDCO V Región, CONAPAS, CONFEPA y UNEES, junto a la senadora Lily Pérez, respondieron al calificativo de “profetas del caos” que la presidenta Bachelet utilizara para referirse a los sostenedores en la Cuenta Pública de la gestión presidencial.
En una concurrida reunión efectuada en el colegio particular subvencionado CREP de Quilpué, a la que asistieron las directivas de la Red de Sostenedores de la Quinta Región, la Confederación de Educación Particular Subvencionada de Chile, la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, la Unión Nacional de Educadores y Escuelas Especiales, la senadora Lily Pérez y representantes de los tres estamentos de más de 32 colegios de la región, los sostenedores reiteraron el llamado al Gobierno para aplazar la Ley de Inclusión por dos años.
El objetivo concreto que persiguen los sostenedores, cuyos proyectos educativos han demostrado ser ejemplos en la entrega de calidad en la formación educacional y valórica de los estudiantes de la región por más de 30 años, es tener claridad respecto a los reglamentos de la ley, como también en sus tres ejes fundamentales, que son Admisión, fin al copago y al lucro, cuyas disposiciones ambiguas no permitirían su implementación a corto plazo.
Al respecto, la senadora Lily Pérez manifestó que ““la Ley de Inclusión escolar, es una ley que no tiene la totalidad de sus reglamentos listos, tiene una serie de problemas y ha generado una gran incertidumbre en los profesores, alumnos y colegios. Aquí estamos hablando de colegios que están representados por emprendedores de la educación. No estamos hablando de holdings educacionales, sino de colegios sencillos. Éste es un colegio sencillo en nuestra comunidad de Quilpué”.
La parlamentaria también se refirió a los infructíferos intentos de los sostenedores por entablar un diálogo con el Gobierno y, en especial, con Andrés Palma, secretario de la Reforma Educacional, al que le presentaron un cuestionario técnico con 17 preguntas hace más de tres meses que no ha sido contestado.
“El problema es que estamos frente a un Gobierno que ha sido sordo frente a lo que le hemos estado planteando. Distintos senadores de distintas Bancadas ya el año pasado le planteamos a la ministra Delpiano que demorara la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión escolar, porque los reglamentos no estaban listos. Dijo que lo iba a ver. Tuvimos reuniones en Santiago, en el Mineduc, con don Andrés Palma. Dijo, miren, nosotros lo vamos a ver, pero han pasado meses, hubo cambio de año y, hasta el día de hoy, no hay una respuesta sensata para tomar una decisión. Estamos frente a un Gobierno que ha mostrado totalmente negarse a oír y eso es muy delicado, porque estamos hablando de educación. Este tipo de reformas tiene tal impacto que, si está mal hecha, no nos vamos a demorar cinco años en deshacerla, nos vamos a demorar 20 años en deshacerla y ese es el problema”.
Por su parte, Jaime Molina, vocero de REDCO V Región explicó que lo que se busca en forma concreta es que el plazo que hoy existe para que los colegios tomen la decisión de transformarse en corporación, en particular pagado o, en definitiva, cerrar, que es marzo de 2017, se extienda.
“Los reglamentos no están en condiciones, no tienen un análisis profundo y concienzudo como corresponde. Nosotros pedimos que este plazo se extienda a lo menos dos años. Es decir, que debamos informar en marzo de 2019. Somos sostenedores que hacemos bien nuestro trabajo y por eso estamos acá. Entendemos que esta ley nació porque hubo gente que lo hizo mal, pero nosotros, que lo hemos hecho bien, estamos pidiendo que el Gobierno nos escuche, y no lo hace. Nos parece pésimo que la presidenta en la Cuenta Pública manifieste que los sostenedores son los profetas del caos. Ante eso, emitimos una carta abierta a la ciudadanía e indicamos que, en realidad, lo único que hemos hecho es manifestar que la reforma, en este caso, la Ley de Inclusión, tiene carencias”.
CARENCIAS TÉCNICAS Y DE REPRESENTATIVIDAD
Respecto a los vacíos de la ley, Molina especificó que existen carencias de dos tipos: técnicas y de representatividad.
“Las carencias de representatividad hoy día están a la vista, por parte de todos los apoderados que están presentes, que representan a distintas comunidades educativas de la región. Está la presidenta de la Asociación de Padres, Érika Muñoz, de CONFEPA, por lo tanto, la representatividad no es tal. En cuanto a las carencias técnicas, está a la vista, la senadora acaba de decirlo. Sostuvimos una reunión patrocinada por ella y por el diputado Marcelo Schilling en octubre del año pasado, le entregamos un cuestionario de 17 preguntas y hasta el día de hoy no recibimos respuestas”.
El vocero agregó: “insistimos en una segunda reunión con Andrés Palma, patrocinada por los diputados de la Comisión de Educación, Mario Venegas y Jaime Bellolio, a la cual nos acompañó también la diputada Andrea Molina, y aún no recibimos respuesta. Es decir, creo que la presidenta se equivoca al decir que nosotros somos los profetas del caos. Creo que el profeta del caos está en sus filas y se llama Andrés Palma, porque él está propiciando el caos al no dar respuestas a preguntas que son netamente técnicas. Estamos acá y damos la cara, porque tenemos claridad de la honestidad, naturaleza y origen de nuestros proyectos educativos. Nosotros no estamos peleando por otra cosa, sino que por el amor a nuestros proyectos educativos”.
APODERADOS
Por su parte, Érika Muñoz, presidenta de CONFEPA aclaró que “nosotros, hoy día, como padres y apoderados, nos enfrentamos en el año 2016, a que 22 colegios en Chile ya se pasaron a particular pagado. Eso salió en la prensa en una nota muy pequeña y a nadie le hizo sentido. 22 colegios se hicieron particulares pagados. De esos 22 colegios, miles de familias quedaron sin la posibilidad de seguir con sus hijos en esos colegios, porque la mensualidad lógicamente se disparó”.
La vocera de la confederación se refirió a la calificación que la presidenta Bachelet dio en su discurso público del 21 de mayo a los sostenedores.
“A mí, en realidad, me extrañó escuchar “los profetas del caos”, porque es como decir “ellos están vaticinando lo que va a venir”. No, señores. Nosotros estamos hablando de lo que hoy día estamos viviendo los padres y apoderados, porque no sabemos dónde vamos a llevar a nuestros hijos. Estamos a un paso de que se cierren los particulares subvencionados para que nuestros hijos sean obligatoriamente llevados donde los padres no quieren, independientemente de por qué. Mi respuesta para la presidenta de la Republica es que, si ella de todo se entera por la prensa, que por la prensa también se entere de lo que estamos viviendo los padres y apoderados”.
CORPORACIONES NACERÁN ENDEUDADAS
Jaime Molina fue enfático en señalar que las nuevas corporaciones nacerán endeudadas, producto de la indicación que tiene la ley para las ventas forzadas que tienen como plazo el 2020. “Esto provoca que los colegios que no tienen deudas, al minuto que se transformen en corporación sí las tengan y el 25% de la subvención va a estar destinada al pago de esos créditos. Es decir, el dinero va a pasar directamente del Ministerio de Educación a los bancos. Por lo tanto, es algo que va a entorpecer y entrampar la gestión de todos los colegios. Es impresentable”.
A su vez, indicó que para los sostenedores el camino de la democracia es el diálogo, más aún como educadores. “Nosotros pensamos que esa es la forma. Lamentablemente, no hemos tenido esa reciprocidad con el Gobierno, porque Andrés Palma, insisto, hasta el día de hoy no responde preguntas técnicas. Nosotros no vamos a parar el país como lo hizo el Registro Civil, no vamos a irrumpir en La Moneda, no vamos a tapar las calles, sino que vamos a seguir por la vía civilizada, democrática y por la vía que nosotros les inculcamos a nuestros alumnos que es el diálogo. El diálogo debe prevalecer en democracia”.
Francia Lagos, de UNEES, indicó que para las Escuelas Especiales la Ley de Inclusión implicó desde un principio una muerte anunciada. “Siempre estuvieron ausentes de esta normativa y tampoco nos han dado respuesta. Esta ley afecta a nuestras escuelas que, en general, están insertas en sectores marginales, rurales y de muy bajos recursos. Casi todas son arrendadas y, en su totalidad, gratuitas. Las que tienen un copago, no supera los cinco mil pesos mensuales, que a duras penas son cancelados por los apoderados. Por lo tanto, tenemos cero posibilidad de pasarnos a particulares pagadas, añadiendo a esto el costo social para nuestras comunidades escolares”.
Rodolfo Orrego, vicepresidente de REDCO V Región y tesorero de CONAPAS, manifestó que la reforma no es educacional, sino que solamente ideológica, que lo que hace es reformar la propiedad.
“Más claro hubiera sido si nos hubiesen expropiado, porque luego de la primera etapa en 2018, en que muchos colegios van a morir, en 2021 las corporaciones deben ser propietarias de sus establecimientos. Hay muchos colegios que arriendan y que van a cerrar. Pero siendo positivos, si llegáramos a la segunda etapa y encontráramos un banco que sí financiara, el 25% de la subvención se destinaría a un dividendo. Como la educación pública va a ser tan buena, nuestra matrícula va a bajar y la subvención también. Si no alcanza para cubrir el dividendo, inmediatamente el sostenedor que va a ser administrador de fondos públicos será mal calificado y se nombrará a un interventor por parte del ministerio de Educación, el cual se hará cargo y tendrá un año de plazo para reubicar a los alumnos y cerrar el colegio. Ahí viene la usurpación de los colegios, porque no es expropiación. Esta ley lo único que ha hecho no es mejorar la educación, sino usurpar la propiedad de los actuales sostenedores”, sentenció.